[ACTUALIDAD DIARIA]

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Las declaraciones de las autoridades francesas dirigidas a garantizar a France Télécom su apoyo en un momento en que el operador atravesaba una grave crisis no pueden calificarse de ayudas de Estado.
Aunque otorgasen una ventaja financiera a France Télécom, estas declaraciones no comprometieron recursos estatales

(publicado en Actualidad Diaria 1728 el 21 de mayo de 2010)

France Télécom SA (FT) se constituyó en 1991 como persona jurídica de Derecho público y, desde 1996, dispone del estatuto de sociedad anónima. Desde octubre de 1997, FT cotiza en bolsa. En la época de la adopción de la Decisión de la Comisión objeto del presente litigio, FT constituía un grupo proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones. En Francia, dicho grupo operaba en particular en el sector de la telefonía fija así como, a través de sus filiales, las sociedades Orange, Wanadoo y Equant, en los sectores de la telefonía móvil, Internet, transmisión de datos y otros servicios de información. En 2002, la participación del Estado francés en el capital de FT ascendía al 56,45 %.
El 31 de diciembre de 2001, FT presentaba, en sus cuentas publicadas correspondientes al año 2001, un endeudamiento neto de 63.500 millones de euros y unas pérdidas de 8.300 millones de euros.
A 30 de junio de 2002, el endeudamiento neto de FT alcanzaba los 69.690 millones de euros, de los cuales 48.900 millones de euros correspondían a deuda obligacionista cuyo vencimiento se produciría en el transcurso de los años 2003 a 2005.
Respecto a la situación financiera de FT, el Ministro de Economía francés declaró, en una entrevista publicada el 12 de julio de 2002 en un diario francés, que: «[…] El Estado accionista se comportará como un inversor prudente y si FT tuviera dificultades tomaríamos las disposiciones adecuadas […]. Insisto en que si FT tuviese problemas de financiación, lo que hoy por hoy no es el caso, el Estado tomaría las decisiones necesarias para solucionarlos». A esta declaración siguieron, los días 13 de septiembre y 2 de octubre de 2002, otras declaraciones públicas dirigidas en esencia a garantizar a FT el apoyo de las autoridades francesas.
El 4 de diciembre de 2002, el Estado francés anunció un anticipo de accionista previsto a favor de FT. El proyecto consistía en la apertura de una línea de crédito de 9.000 millones de euros en forma de contrato de anticipo, cuya oferta se envío a FT el 20 de diciembre de 2002. La oferta de contrato no fue aceptada por FT ni llegó a ejecutarse.
Mediante Decisión de 2 de agosto de 2004, la Comisión llegó a la conclusión de que el anticipo de accionista concedido por Francia a FT en diciembre de 2002, en forma de una línea de crédito de 9.000 millones de euros, situado en el contexto de las declaraciones formuladas desde julio de 2002, constituía una ayuda de Estado incompatible con el Derecho de la Unión.
El Gobierno francés, France Télécom, Bouygues y Bouygues Télécom, así como AFORS Télécom recurrieron ante el Tribunal General con objeto de que se anulara dicha Decisión de la Comisión.
En su sentencia de hoy, el Tribunal recuerda que, para que una medida sea calificada de ayuda de Estado, es necesario en particular que, por un lado, confiera una ventaja financiera y, por otro lado, que dicha ventaja derive, directa o indirectamente, de recursos públicos.
Tras analizar las declaraciones de las autoridades francesas desde julio de 2002, el Tribunal estima que éstas concedieron una ventaja financiera a FT.
En efecto, estas declaraciones, en su conjunto, influyeron de manera decisiva en la reacción de las agencias de calificación  y dicha reacción fue seguidamente determinante para la revalorización de la imagen de FT ante los inversores y acreedores, así como para el comportamiento de los actores de los mercados financieros que posteriormente participaron en la refinanciación de FT. Por tanto, el efecto positivo y estabilizador sobre la calificación de FT, resultante de manera directa de las declaraciones, tuvo necesariamente por consecuencia la concesión de una ventaja financiera a FT.
Sin embargo, esta ventaja financiera no implicaba una transferencia de recursos estatales. En efecto, debido a su carácter abierto, impreciso y condicional, especialmente en lo que atañe a la naturaleza, el alcance y las condiciones de una eventual intervención estatal a favor de FT, las declaraciones efectuadas desde julio de 2002 no pueden asimilarse a una garantía estatal o interpretarse en el sentido de que revelaban un compromiso irrevocable de proporcionar un apoyo financiero concreto en beneficio de FT.
Un compromiso concreto, incondicional e irrevocable de recursos públicos por parte del Estado francés habría supuesto que tales declaraciones precisaran, de manera explícita, o bien los importes exactos que se invertirían, o bien las deudas concretas que se pretendía garantizar, o, al menos, un marco financiero predefinido, tal como una línea de crédito por un determinado importe, así como las condiciones para la concesión de la ayuda proyectada. Ahora bien, las declaraciones efectuadas desde julio de 2002 no se pronuncian sobre estos aspectos.
Además, el Tribunal señala que no fue hasta el 4 de diciembre de 2002, con el anuncio del proyecto de anticipo de accionista, cuando el Estado francés expuso por primera vez de manera explícita y precisa ante el público la contribución financiera que proyectaba en beneficio de FT. Esta contribución financiera consistía en la apertura de una línea de crédito de 9.000 millones de euros en forma de un contrato de anticipo, cuya oferta nunca fue aceptada por FT ni llegó a ejecutarse.
Al igual que ocurrió con las declaraciones efectuadas desde julio de 2002, este anuncio implicaba la concesión de una ventaja a favor de FT por cuanto contribuyó a reforzar la confianza de los mercados financieros y a mejorar las condiciones de refinanciación de FT. No obstante, la Comisión no demostró que el anuncio implicara, por sí solo, una transferencia de recursos del Estado.
Por otra parte, el Tribunal rechaza la tesis de la Comisión según la cual el proyecto de anticipo de accionista constituía la materialización de las declaraciones anteriores del Estado francés, pues la Comisión no demostró que el Estado francés proyectara este apoyo financiero concreto desde julio de 2002. Consta que no fue hasta el mes de diciembre de 2002 cuando el Estado francés consideró que concurrían los requisitos económicos para dicho apoyo financiero, lo que confirma una importante solución de continuidad en la sucesión de los acontecimientos en esta fecha.
Habida cuenta de esa solución de continuidad en la sucesión de los acontecimientos y en la lógica del enfoque de las autoridades francesas en diciembre de 2002, la Comisión no podía legítimamente establecer un vínculo entre un eventual compromiso de los recursos del Estado, en esa fecha, y las ventajas otorgadas por medidas anteriores, es decir, las declaraciones efectuadas desde julio de 2002.
Por tanto, aunque era admisible que, para determinar la existencia de una ventaja, la Comisión tuviera en cuenta el conjunto de los acontecimientos que precedieron e influyeron en la decisión definitiva adoptada por el Estado francés en diciembre de 2002 de apoyar a FT mediante un anticipo de accionista, dicha institución no logró demostrar la existencia de una transferencia de recursos estatales ligada a tal ventaja.
Por consiguiente, el Tribunal anula la Decisión de la Comisión.

Tales como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings.

(sentencia en frances)